Los funcionarios candidatos

El país político dominicano no se ha dado una ley de partidos políticos y andamos la segunda década del siglo XXI. Una sociedad que se supone debe estar basada en deberes y derechos no puede dejar suelto el tema de la regulación de estas organizaciones y sus integrantes.

Han pasado años y la irresponsabilidad de los “dueños” de los partidos en República Dominicana y de las cámaras legislativas se ha puesto de manifiesto.  Se han burlado de  manera vulgar de las iniciativas que consoliden y hagan realidad esa ley, por demás necesaria para impulsar los valores que sustentan las democracias modernas.

No enunciaré las razones que han bloqueado, que han martillado y aniquilado las demandas de las organizaciones no partidistas y sectores independientes del pueblo que claman por la aprobación y aplicación de la referida ley.

El tema de los funcionarios candidatos en los periodos electorales es un punto neurálgico que no debe quedarse fuera, aplicable a la sociedad política dominicana que adolece  de fortalezas institucionales, desde la familia hasta las llamadas altas cortes.

El uso y abuso de los recursos del Estado es siempre cuestionable en cada campaña. No es justo que en nuestro país se dilapide el sudor un pueblo, por demás carenciado, donde ejércitos de cucarachas sean los que trasladen a las morgues los fallecidos en los hospitales por la falta de higiene y descuido.

No es posible que en un escenario que se supone democrático los funcionarios se aprovechen de su rol para promover y sostener económicamente sus propuestas con dinero y recursos del pueblo.

La impresión de un solo afiche cuesta un dineral,  máxime cuando se utilizan estándares de calidad de última generación en tintas y materiales para la impresión. Que los organismos electorales dilapiden miles de millones de dólares sosteniendo partidos y ventorrillos políticos que se han convertido en empresas de particulares, en máquinas de alienación, vulneración de las prácticas democráticas; fomentadoras del paternalismo y el nepotismo públicos.  

No es posible que las ciudades se conviertan en estercoleros de campañas publicitarias provocando la contaminación ambiental, tanto sónica como visual de manera descarada.

Hay muchas razones para establecer el orden en los partidos y campañas políticas, no solo por el uso y abuso de los recursos del Estado, sino la penetración del dinero producto del lavado y el narcotráfico.  

Un funcionario que administre recursos públicos, debería renunciar o pedir una licencia si se convierte en candidato. Las sanciones deberían servir de ejemplo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Si el funcionario está cargado de éticas sustantivas, de principios y valores familiares y sociales, debería inmediatamente renunciar o pedir licencia al cargo para que no abuse de los recursos de un pueblo que tendría un millón de razones para no votar por él.  

VIRGILIO LÓPEZ AZUÁN

Coordinador del Movimiento Alianza Azuana.